domingo, 26 de julio de 2009

Comunicación y Políticas Públicas I

Por Celeste Neyra

Es interesante recordar viejos debates sobre las políticas públicas en contextos donde sus resultados (por presencia o ausencia) evidencian la necesidad de replantearse los mecanismos de generación e implementación de una política.

Desde el campo de la comunicación estamos directamente relacionados con esta problemática desde, al menos, dos claros lugares:

-Debido a la adecuada capacidad con la que contamos para intervenir en procesos de formación de políticas públicas, desde su inicio.

-Por la intrínseca necesidad de comunicar, identificando actores y adecuando mensajes, que las políticas conllevan y de la que depende, en cierta medida, su grado de efectividad.

Para introducirnos en este tema, es adecuado retomar los clásicos enfoques que tratan Manuel Tamayo Sáez y Luis Aguilar Villanueva. Ambos autores se preocupan por la forma en que determinadas cuestiones son tratados por el Estado a través de una política.

Tamayo Sáez resalta la necesidad de que los gestores sean conscientes de sus propias miradas y que incorporen a la definición del problema las perspectivas de diversos actores políticos y sociales. Desde esta perspectiva, los problemas abordados son construidos “definidos subjetiva e interesadamente por un observador” y diferentes actores entenderán el mismo problema de formas distintas. En este sentido, la definición del problema es “ante todo una cuestión política”, ya que se deberá definir a quién se tiene en cuenta y hasta qué punto.

La administración pública debe ser la encargada de relevar y definir el problema, en lo posible en forma anticipada, a través de alguno o varios de los mecanismos con los que cuenta. Por ejemplo: mantenerse contacto con el entorno, participar en redes de gestión, diseñar organizaciones especializadas en la detección de problemas, analizar sus clientes con el fin de prever su comportamiento y por lo tanto posibles demandas para la evaluación de políticas y programas.

Pero como el conjunto de problemas que preocupan a la sociedad (agenda sistémica) es más amplio que los que reciben atención por parte del Estado, los decisores públicos extraen algunos de ellos y forman la agenda política o institucional. Sin embargo, no todos los problemas de la agenda sistémica tienen las mismas posibilidades de acceder a la agenda institucional porque -según Tamayo Sáez-, existen sesgos negativos y positivos en la accesibilidad.

En este sentido, Aguilar Villanueva también encuentra que no todos los problemas son centros de atención para el gobierno o alguna de sus dependencias. Es decir, no todas las cuestiones
(entendidas como asuntos socialmente problematizados) se vuelven públicas ni todas las cuestiones públicas son objeto de la acción de un gobierno.

Para este autor la selección de las cuestiones que serán parte de la agenda del Estado constituye un proceso de suma importancia política y administrativa ya que “evidencia la salud o enfermedad de la vida pública”, porque en ese proceso se pone de manifiesto, en última instancia, cuál es la estructura de poder que domina y sostiene la elaboración de políticas y cuáles son los actores sociales que actúan como “iniciadores”, logrando que una temática se convierta en cuestión social y ofreciendo su primera definición. Así, la agenda expresa la vida pública, en cuanto incorpora cuestiones vinculadas a diversos actores.

Además, entre los poderes del Estado y las libertades individuales existe un ámbito público o esfera pública que cumple el rol de mediar entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto es en este ámbito donde los intereses particulares “buscan argumentarse como generales y, si pasan la prueba, originan leyes, disposiciones administrativas, asignaciones de recursos públicos”
, agrega el autor.

El hecho de que una cuestión sea considerada como parte de la agenda es el resultado de una serie de decisiones anteriores de gobierno, como la de considerarla como de interés para el gobierno, la de elaboración y selección de su definición, la elaboración y selección de una opción de acción. Y, el gobierno puede haber sido el iniciador de la cuestión o haber participado en su expansión o freno, o haberla tomado de la esfera de las cuestiones públicas.

A esto se suma que a partir del crecimiento de la intervención estatal los gobiernos cuentan con “redes de cuestiones”, especialistas que cuentan con conocimientos específicos sobre las cuestiones públicas, que generalmente forman parte de las políticas, delineándolas, brindando definiciones, etc.

En todo caso, y para sintetizar, esta visión nos permite pensar una forma de intervenir en la toma de decisiones de forma tal que las organizaciones públicas aprendan, reconozcan sus errores y los remedien. De esta forma “la política pública emerge como una tarea colectiva que incorpora conjunta y corresponsablemente la iniciativa social y la gubernamental”, según Aguilar Villanueva.

Bibliografía:

Aguilar Villanueva, Luis; “Estudio Introductorio” en: Aguilar Villanueva, Luis (comp.), El estudio de las políticas públicas, Miguel Ángel Porrúa, México, 1993.

Oszlak, Oscar y O’Donnell, Guillermo; “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación” en Kliksberg, Bernardo y Sulbrandt, José (comp.) Para investigar la Administración Pública, INAP, Madrid, 1984.

Tamayo Saez, Manuel; “El análisis de las políticas públicas”, en: Bañón, Rafael y Carrillo, Ernesto (comps.), La nueva Administración Pública, Alianza Universidad, Madrid, 1997.